Al momento que se instala en el poder la Junta Revolucionaria presidida por Rómulo Betancourt, el gobierno provisional comunicó a la nación las políticas y medidas que habría de implementar durante su gestión. La Junta prometió favorecer la libre actuación de los partidos políticos —aunque más tarde prohibirá las actividades políticas del PDV de Medina—; estableció como una tarea fundamental la implantación de mejores condiciones de vida para el pueblo, abaratando los costos y aumentando sus condiciones económicas y sociales. Además proclamó reformas en el ámbito educacional, petrolero y agrario. Entre las disposiciones más importantes en la política internacional se encontraban el rompimiento de relaciones con las naciones de regímenes dictatoriales y el estrechamiento con aquéllas de orden democrático, lo que más tarde derivó en el retiro de los embajadores venezolanos de España, que estaba bajo el poder de Franco; de Nicaragua, donde se encontraba Anastasio Somoza y finalmente de República Dominicana, bajo el régimen de Rafael Leonidas Trujillo. A la postre esta política le ganó simpatías a nivel internacional, especialmente con los Estados Unidos, país que reconoció el gobierno de la Junta a pocos momentos de ser instaurado.

Se nombró un nuevo gabinete —en su mayoría de partidarios de AD— y se creó una comisión para investigar y enjuiciar el enriquecimiento ilícito durante los gobiernos anteriores, desde el de Cipriano Castro hasta el de Medina y se castigó el peculado; además se expulsaron del país a los ex presidentes López Contreras y Medina Angarita, también a varios de sus colaboradores entre los que se encontraban ellos el ex ministro de Medina, Arturo Uslar Pietri. En materia de educación se promovió Estas medidas generaron un fuerte impacto en un buen sector de la población y los opositores del nuevo gobierno se quejaban de la exclusión y el sectarismo que comenzaba a percibirse en las nuevas figuras del poder.

Una de las decisiones más importantes fue la convocatoria a la Asamblea Constituyente para la elaboración de una nueva Constitución y la organización de elecciones libres, universales, directas y secretas; para las cualas “se dejó claro que ningún miembro de la Junta Revolucionaria podría presentarse como candidato presidencial”. Ésta fue una decisión tomada por Rómulo Betancourt y “con ella él era, paradójicamente le único afectado” (Romero, 2005, p. 83).

Se dio además un impulso a la organización sindical en la búsqueda de una mayor democracia para Venezuela. La educación también tuvo sus reformas, la nueva Ley de educación garantizaba la instrucción primaria y se emprendió un plan de alfabetización de gran escala.

Por otra parte, las medidas en política petrolera fueron especialmente importantes. Una reforma del Impuesto sobre la Renta obligó a las compañías petroleras a pagar mayores gravámenes y además se estableció un impuesto especial a estas compañías, que produjo un aumento considerable en los ingresos del Estado. También se decretó el cese de las concesiones.

Romero (2005) señala que los primeros meses de la llamada “revolución democrática” se caracterizaron por la relativa tranquilidad entre militares y civiles y entre el gobierno y los partidos políticos de oposición (p. 86). También la autora hace mención a la ascendente popularidad de AD y sus dirigentes:

El apoyo popular al gobierno, y por ende a AD, era mayoritario, en especial entre trabajadores, campesinos y jóvenes universitarios. En poco tiempo, Acción Democrática se convirtió en un gran movimiento de masas, en la primera fuerza política del país (p. 87).

El político y periodista Teodoro Petkoff asegura que el fuerte apoyo popular —que se va a constatar en los procesos electorales posteriores— generó ese sectarismo que tanto criticaron los opositores durante el llamado “trienio adeco”. “Pensaban que sólo ellos eran gente a partir del criterio de que tenían el 80% del país consigo, electoralmente hablando”. También afirma que “ese tipo de sectarismo y de división del país fue un error gravísimo y completamente innecesario, que alimentó a sus adversarios y les puso en bandeja de plata los argumentos para tumbar a Gallegos”.

En el año de 1946 el gobierno intentó implementar el Decreto 321, que defendía la tesis del “Estado Docente”, lo que significaba un control estatal de la educación privada y pública. Un gran sector de la población sintió que la medida era una amenaza y hubo fuertes reacciones antagónicas, que “pusieron de manifiesto la polarización social y política que ya existía en el país para mediados de 1946 y que se fue agudizando en los dos años siguientes; ello pese a la contundente victoria electoral de AD de 1937” (Romero, 2005, p. 91).

A finales de 1947 se llevaron acabo las elecciones presidenciales. Rómulo Gallegos, el candidato por AD, ganó con 900.000 votos frente a los 250.000 que se llevó su más cercano contendor, Rafael Caldera.

Todo el mundo pensaba que, con la legitimidad que le otorgaba el voto popular, con el prestigio intelectual del autor de Doña Bárbara y con el aval de la inteligencia continental, la tranquilidad del país estaba asegurada. A un Rómulo pugnaz y detestado por sus enemigos, sucedía otro Rómulo conciliador y respetado por sus adversarios (Caballero, 2004, p. 265-266).

Sin embargo, tanto la Junta Revolucionaria como Gallegos tuvieron que enfrentar varios alzamientos y conspiraciones en contra de sus gobiernos, “que no sólo se gestaron fuera del régimen sino dentro de él” (Romero, 2005, p. 89).

Esas oposiciones, y la ultrarreaccionaria estaban amalgamadas; y el sectarismo de los adecos, que prefería golpear por igual a unos y otros, tampoco haría muy fácil la diferenciación, ni mucho menos un pacto para acabar con el canibalismo político como el que si firmará diez años más tarde (…) no ayudaba mucho la soberbia, la jaquetonería de AD y del propio Betancourt” (Caballero, 2004, p. 268).

Una creciente crisis se apoderó del clima político. La prensa atacaba constantemente a Rómulo Betancourt y le acusaba de ser quien verdaderamente gobernaba a través de Gallegos, lo que generó un gran malestar en éste último. Esto causó roces en la relación de los dirigentes, al punto que Rómulo Gallegos pidió a Betancourt que se fuera del país, y así lo hizo. Se marchó a Estados Unidos. (Betancourt cp. Caballero, 2004, p. 269).

Otra tesis sostiene que la partida de Betancourt se debió a que los militares, representados por Marcos Pérez Jiménez, Luis Felipe Llovera Páez y Carlos Delgado Chalbaud pidieron al presidente Gallegos que éste saliera del país por tiempo indefinido. También le plantearon otras dos demandas: el desarme de las milicias de AD y el reemplazo de ministros militantes de esta organización política por personas sin disciplina partidista.